El empleado judicial del country los azahares ya contaba con sumarios anteriores

Alejandro Vallejo, el funcionario judicial que este fin de semana intimidó al personal del country Los Azahares, sobrevivió a un sumario administrativo y a cinco traslados de dependencia en los últimos 10 años, según los registros oficiales. Esa foja de servicio sumó un nuevo raspón: por instrucciones de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Claudia Sbdar, la Secretaría de Superintendencia de los Tribunales inició este lunes una investigación interna para deslindar las responsabilidades atinentes a los audios en los que consta que Vallejo amenazó a sus porteros con que iba a “hacerles armar una causa penal”. El domingo por la noche, el prosecretario negó haber violado la cuarentena; se disculpó por el “exabrupto” y lo atribuyó al enojo que le provocó el haber sido fotografiado “en la puerta de su casa” cuando, según su relato, buscaba a su perro salchicha.

Las actuaciones administrativas son tramitadas en paralelo a la causa abierta por el Ministerio Público Fiscal a los fines de determinar si el comportamiento de Vallejo podría dar lugar a la imputación de delitos y a una eventual sanción penal. En la Secretaría de Superintendencia de la Corte analizarán las implicancias disciplinarias del episodio con los guardias de Los Azahares y si este es susceptible de derivar en la aplicación de una sanción en una escala que va desde el llamado de atención hasta la expulsión del Poder Judicial -el abogado Gustavo Morales solicitó ayer la cesantía-. Es la investigación que había pedido el legislador Federico Masso (Libres del Sur), quien este lunes consideró que la conducta de Vallejo era “inaceptable” en un Estado de derecho. Además del affaire con los agentes del consorcio de la urbanización cerrada en la que vive, el “pro” afronta una denuncia de presuntos maltrato y hostigamiento presentada por una ex pareja. Debido a este proceso, la Justicia -en la que trabaja- le dictó una prohibición de acercamiento, que está vigente.

Aunque la controversia acaecida durante esta pandemia entraña una posible tentativa de extorsión y un probable abuso de poder, Vallejo tiene experiencia en el arte de salir indemne de situaciones delicadas. El 1 de julio de 2015, los vocales Antonio Gandur (fallecido), René Goane (jubilado), Antonio Daniel Estofán, Claudia Sbdar y Daniel Posse lo suspendieron sin goce de haberes durante 45 días tras constatar que había entregado en forma irregular a una niña que estaba a su cuidado (Acordada 718/15). Según las conclusiones del sumario administrativo abierto a instancias de la jueza de Familia, Rossana Martínez, la actitud de Vallejo permitió que una adulta se fugara con la nena. La Acordada 718 consigna que el funcionario había resultado sobreseído en la causa penal abierta por este asunto.

Tendencia a la Brevedad

Vallejo presta servicios desde hace 25 años en los Tribunales. En ese lapso llegó al puesto de prosecretario clase “C”, cargo que, en función de la antigüedad y según las fuentes consultadas, estaría remunerado con un salario mensual neto superior a los $ 170.000. De las acordadas consultadas se desprende que el funcionario dispone del título de procurador.

Al momento de la sanción administrativa, el “pro” estaba asignado al Archivo, repartición de la Justicia a la que fueron históricamente destinados los empleados y funcionarios con faltas y problemas disciplinarios. Pero allí tampoco anduvo bien: los vocales de la Corte detallaron que sus superiores directos le habían adjudicado “indiferencia respecto del trabajo” y “el rechazo total hacia las tareas que le fueron encomendadas”, además de que denunciaron que se “retiraba del Archivo en forma diaria sin dar aviso”Tres meses más tarde, los mismos jueces supremos que habían sancionado a Vallejo dispusieron su traslado a la Secretaría Administrativa.

La serie de pases en el centro judicial de la capital incluye cinco movimientos desde 2011, que es la fecha de inicio del registro de acordadas disponible en la web. En septiembre de 2012, Estofán, Gandur, Goane y Posse sacaron a Vallejo de la Defensoría Oficial en lo Civil y Laboral Nº1, y lo enviaron la Defensoría de Menores e Incapaces Nº2. En 2015, tras el episodio con la niña que reportó la jueza Martínez, el procurador fue trasladado al Archivo y, de allí, a la Secretaría Administrativa. En junio de 2019, los vocales Posse, Sbdar y Daniel Leiva mandaron a Vallejo al Juzgado Correccional Nº2. En marzo de 2020, el “pro” ingresó a la Oficina de Oficiales de Justicia con la firma de Sbdar, Estofán, Posse, Leiva y Eleonora Rodríguez Campos. Todos estos traslados invocan “razones de servicio”, términos que alimentan numerosas conjeturas sobre tamaña rotación. El conjunto de acordadas sí expone que fueron cada vez más breves las estancias de Vallejo en las reparticiones a las que llegó en virtud de las decisiones sucesivas de la Corte Suprema.

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